Quieren obtener la nulidad de las últimas resoluciones del ministerio de Energía, ya que consideran que los servicios se volvieron "impagables"
La Defensoría del Pueblo bonaerense e intendentes de la oposición presentaron una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la suba de tarifas del servicio eléctrico.
La presentación fue confirmada por el defensor bonaerense, Guido Lorenzino, y los intendentes de La Matanza, Verónica Magario, y de San Martín, Gabriel Katopodis, además del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
"Junto a intendentes y el Cepis presentamos un amparo judicial para frenar los aumentos indiscriminados en la luz, el gas y el transporte. En vez de castigar a las empresas por no invertir, el gobierno nacional sólo castiga a los ciudadanos", dijo Lorenzino.
En declaraciones a radio Milenium, Katopodis precisó que también participarán usuarios y consumidores de la presentación, dado que decidieron sumarse porque las boletas de luz se les tornaron "impagables".
Mariano Lovelli, titular del Cepis, dijo que el pedido colectivo será para obtener "la nulidad por inconstitucionalidad de una de las últimas resoluciones de (Javier) Iguacel, que aumentó el precio de la electricidad mayorista".
Magario, en tanto, le apuntó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como los "responsables políticos" de los aumentos de tarifas que empeora las condiciones de vida de muchos ciudadanos.
"Cuando asumieron Macri y Vidal, pagar las tarifas representaba un 6% del salario. Y si la Justicia no nos escucha, en junio de este año ese porcentaje va a ser del 26%. Estamos hablando de más de un cuarto del salario", sostuvo.
Además, expresó su preocupación por las personas electrodependientes que no tienen gas, lo que encarece muchísimo el consumo debido a que todo es eléctrico, y por ende, no pueden acceder a la tarifa social.
"En el conurbano y el interior bonaerense los usuarios están recibiendo boletas de 12.000 pesos por el consumo residencial de energía eléctrica y de 7.000 pesos por el gas", se quejó la también presidenta de la Federación Argentina de Municipios.
Solicitaron a la Inspección General de Justicia que se anule una resolución que "relaja los controles a las sociedades off shore"
La Coalición Cívica (CC), que orienta la diputada Elisa Carrió, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que anule una resolución que, según denuncia, "relaja los controles a las sociedades off shore".
"No es una adecuada política regulatoria permitir la actuación de sociedades off shore o disminuir los controles administrativos sobre ellas... No se puede otorgar un trato preferencial a las personas jurídicas extranjeras frente a las nacionales, que deben cumplimentar con todos los requisitos que le solicita el ordenamiento jurídico argentino", dice el partido en un comunicado.
Además, advierte que "cuando no existen los controles suficientes, la reclamada libertad societaria y de contratación que solicitan los operadores económicos, puede tergiversarse o utilizarse en forma ilícita derivando en corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito".
Esto es el alusión a la resolución Nº 6/2018, que entró en vigor el 29 de agosto del año pasado y que, denuncia la CC, "generan grave preocupación porque afectan el control estatal sobre este tipo de sociedades, haciendo mucho más vulnerable al país en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo".
Asimismo, indica que el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, pidió explicaciones al Ministerio de Justicia sobre dicha resolución y se acordó que una mesa de trabajo discuta el tema, que convino un nuevo texto, pero la norma proyectada no se dictó.
Entre otras consideraciones, la CC expresa: "Los cambios producidos eliminaron la obligación de informar no solo quién es el último beneficiario final (persona física que ejerce el control real), sino también quién es el accionista inscripto del socio extranjero. Incluso permitieron que pueda ser socio extranjero de una sociedad argentina otra proveniente de jurisdicción off shore calificada como 'no cooperante', situación que antes estaba prohibida, tal como lo exigen los estándares internacionales".
"La vigencia actual de la norma modificada no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito, sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir, que expone también a otros países", advierte.
Luego de salir de España, las plataformas de transporte digitales atraviesan importantes reveses legales en distintas ciudades de todo el mundo
a plataforma de reserva de vehículos con conductor Uber, demandada ante la justicia regularmente por los taxis, se ve obligada a respetar las reglas de las ciudades en las que opera, o a retirarse del sector, como sucedió en Barcelona la semana pasada.
Por ejemplo, en Cataluña Uber tiró la toalla frente a la aprobación el jueves de una ley que restringe la actividad de este tipo de servicios en la región, particularmente porque obliga a contratar los servicios con 15 minutos de antelación -prorrogables a una hora en Barcelona- e impide a aplicaciones como Uber y Cabify usar la geolocalización de sus vehículos.
Bulgaria fue uno de los primeros países en prohibir totalmente Uber en julio de 2015, por decisión de la Comisión de Protección de la Competencia, alegando especialmente que competían "competencia desleal".
Hungría fue abandonada por Uber en julio de 2016, tras una ley que permitía bloquear técnicamente los servicios de Internet de cualquier "proveedor de servicios de taxi que no tenga un centro de llamadas", como es es el caso de este servicio.
En Dinamarca, la actividad es ilegal: una ley aprobada en febrero de 2017 requiere que los conductores privados estén equipados con un taxímetro y sensores de ocupación del asiento para activar los airbags, condiciones consideradas como "demasiado costosas" para Uber, que terminó descartando este país en 2017.
Uber también abandonó completamente el Territorio del Norte en Australia aunque opera en Melbourne y Sídney.
Lo mismo ocurre en el estado de Oregón, noroeste de Estados Unidos, donde Uber está autorizado a ejercer solamente en la capital, Portland.
En Italia, en Francia, en Finlandia y en Holanda, han prohibido en los últimos años el servicio UberPop, el cual contacta a los usuarios con conductores no profesionales que emplean su vehículo personal. Alegan entre otros motivos razones de seguridad.
Este es el caso en México o en Portugal, que aprobaron en julio de 2018 por el implementación de un impuesto del 5% sobre la comisión de intermediación impuesta por empresas como Uber.
Uber también estuvo prohibido un tiempo en varias ciudades de Estados Unidos, como Austin y Houston, antes que el estado de Texas anulara estas disposiciones consideradas como excesivas.
El servicio también fue prohibido en Nueva Delhi después de que una pasajera fuera violada en 2014.
En Nueva York, las nuevas licencias para los VTC están suspendidas desde agosto de 2018 para la ciudad y por un año, que es el tiempo necesario para que la autoridad de supervisión de vehículos con conductores realice un estudio de impacto.
En Italia, el servicio de Uber está prohibido en todo el país tras una decisión del tribunal de Roma en abril de 2017 por "competencia desleal", un fallo que fue suspendido unos días más tarde a la espera de una apelación.
En Bruselas, Uber fue declarada ilegal a principios de enero pero continúa operando gracias a la decisión tomada unos días más tarde por un tribunal que indicó que la empresa se apegaba al marco legal de la capital belga.
Un año más tarde, fue en Rusia donde Uber tuvo que bajar la cabeza, forzado a fusionarse con Yandex.Taxi, propiedad del gigante ruso de internet Yandex, en una empresa en que casi dos tercios corresponden al socio ruso.
En marzo de 2018, Uber se retiró del Sudeste Asiático al ceder sus actividades a su competidor regional Grab, una empresa fundada por los malasios y con sede en Singapur.
Pero Uber sigue ofreciendo sus servicios en 65 países y 600 ciudades. La empresa con base en San Francisco, valorada en unos 100.000 millones de dólares, pasó la barrera de los 5.000 millones de trayectos en mayo de 2017 y la de 10.000 millones en junio de 2018.